Micjael Ccopa

El extremo centralismo urbano de Arequipa quedó evidenciado en el diagnóstico oficial que revela que el 94.56 % de la población provincial se concentra en la ciudad, mientras que 427 centros poblados rurales mantienen menos de 50 habitantes cada uno, configurando uno de los desequilibrios territoriales más marcados del país.

Estos datos fueron presentados en el diagnóstico del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Arequipa 2025-2045, expuesto en el Hemiciclo Municipal y elaborado por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y el Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA).

De los 1,295,925 habitantes provinciales, el 98 % vive en zonas urbanas y apenas el 2 % en áreas rurales. Esta concentración genera una paradoja: mientras Cerro Colorado se consolida como el distrito más poblado, las cuencas altas de Tarucani y Yura albergan centros poblados que luchan por mantener servicios básicos.

«El área que actualmente ocupa la ciudad permitiría con tranquilidad recibir cerca de 2 millones de habitantes», explicó el arquitecto Carlos Zeballos Velarde durante la presentación, señalando que la capacidad urbana existe, pero el crecimiento es desordenado.

Infraestructura desigual

El desequilibrio se refleja dramáticamente en los servicios básicos. En La Joya-Vítor, sectores rurales estratégicos, solo el 52.38 % tiene acceso a agua potable y el 59.74 % cuenta con alcantarillado, mientras la ciudad concentra la mayoría de inversiones en infraestructura.

La red vial provincial muestra un patrón similar: apenas el 42 % está pavimentada, y distritos como Mariano Melgar, José Luis Bustamante y Rivero, y Miraflores enfrentan alta presión por densidad con insuficiencia vial, mientras que Tarucani, Yura y La Joya tienen mayor longitud vial pero menor población.

El flujo migratorio agrava la concentración urbana. Arequipa recibe principalmente población de Puno (40 %), Cusco (25 %) y Moquegua-Tacna (20 %), sumándose a los 35,000 venezolanos residentes. Todos convergen hacia la ciudad, ignorando las zonas rurales despobladas.

«Estamos en coordinaciones con las entidades respectivas para ver cómo podemos desarrollar este manejo del servicio», indicó Zeballos Velarde, refiriéndose a la necesidad de reequilibrar el territorio provincial.

La estructura económica intensifica la concentración: el sector servicios domina con 73 % (comercio, transporte, salud, educación, turismo), seguido de industria y construcción (19 %), mientras que el sector primario, más vinculado a áreas rurales, apenas representa 8 %.

Esta distribución económica explica por qué distritos rurales como Pocsi, San Juan de Siguas, Tarucani, Santa Isabel de Siguas y Polobaya mantienen baja densidad poblacional, creando un círculo vicioso de despoblamiento y falta de inversión.

«Tenemos que hablar de ambos planes, de ambos instrumentos, y la importancia que tienen para nosotros como ciudadanos», señaló el arquitecto, reconociendo que el equilibrio territorial requiere instrumentos que conecten planificación urbana con desarrollo rural.

La situación arequipeña forma parte de un fenómeno nacional que diversos especialistas han documentado desde distintas perspectivas. El centralismo no solo se manifiesta en la concentración demográfica y económica, sino también en la invisibilización de las problemáticas rurales y la concentración del poder de decisión.

Gustavo Gorriti, reconocido periodista de investigación, ha abordado en sus reportajes las consecuencias sociales y políticas del centralismo, especialmente en contextos rurales afectados por la violencia y la exclusión. Su trabajo ha revelado cómo la concentración del poder en Lima margina a las provincias y limita el acceso a derechos fundamentales.

Esta perspectiva cobra relevancia cuando se observa que las decisiones sobre inversión pública y políticas de desarrollo rural siguen tomándose desde centros urbanos distantes, sin considerar las particularidades y necesidades específicas de cada territorio. El caso arequipeño ilustra cómo esta dinámica se replica a nivel regional, con la ciudad como centro de poder que concentra recursos mientras las zonas rurales quedan relegadas.

Por su parte, Rolando Ames ha analizado la «centralización opinativa» en Lima, señalando que la opinión pública y los medios limeños invisibilizan las voces de las regiones, reforzando la desigualdad y la exclusión social en las zonas rurales. Este fenómeno contribuye a que las problemáticas rurales no reciban la atención ni las soluciones necesarias.

Este enfoque mediático resulta crucial para entender por qué problemas como el despoblamiento rural y la falta de servicios básicos en comunidades pequeñas no logran posicionarse en la agenda pública nacional. La concentración de medios y formadores de opinión en Lima replica el mismo patrón centralizador que se observa en Arequipa, donde los medios urbanos priorizan problemáticas citadinas mientras las voces rurales permanecen en el silencio.

El reto trasciende la planificación técnica. Requiere un cambio de paradigma que reconozca el valor de la diversidad territorial y la importancia de mantener vivas las comunidades rurales como parte del patrimonio cultural y social de la región.