El sábado 27 de julio de 1974, el pueblo peruano país despertó con una novedad que generó inquietud y un impacto que, no por esperado, generaba preocupación en un sector y triunfalismo en otro:

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada bajo la conducción del general de división (r) Juan Velasco Alvarado decretó la expropiación de los diarios de circulación nacional y con la aplicación del Decreto Legislativo 20680 se les retiraba la propiedad de los mismos a sus dueños para entregarlos a supuestas organizaciones representativas del Perú.

Así culminaba una larga guerra desatada desde que los militares dieron el golpe de estado el 3 de octubre de 1968, acontecimiento que mereció el rechazo y repudio del periodismo nacional, especialmente el que se editaba y distribuía desde Lima.

La confrontación del gobierno dictatorial encabezado por Velasco tuvo sus primeras escaramuzas con el periodismo, pocas semanas después del golpe de estado. Menos de un mes después de la deposición del presidente constitucional Fernando Belaunde Terry, el régimen mostró la dureza de su origen antidemocrático con el allanamiento y clausura del diario “Expreso”, la revista “Caretas”, Radio “Continente” y Radio “Noticias” en la mañana del 31 de octubre. El pecado de dichos medios: criticar severamente la interrupción violenta del estado democrático y las primeras medidas dictatoriales del flamante régimen militar.

Con el transcurrir de las semanas, el gobierno da muestras de una orientación política nacionalista, pero, entre sus primeros colaboradores civiles aparecen figuras provenientes de las canteras socialistas y comunistas, de allí que en los medios de comunicación se genere una severa corriente crítica, la cual, evidentemente no es del agrado de los conductores de la “revolución”.

Velasco, sus ministros y también los adherentes civiles al régimen, se habían instalado en el poder para emprender, según sus mensajes, una revolución que transformara el país y lo llevara a una sociedad justa y con desarrollo, de allí que quienes se consideraban revolucionarios, no llegaban a entender la razón que los medios de comunicación no se pusieran de su lado en la misión de informar a la población de los propósitos de cambiar el país y, por el contrario, se ubiquen en una oposición tenaz y radical.

El diario Expreso de propiedad del magnate Manuel Ulloa, el diario Correo del rey de la pesca, Luis Banchero Rossi y la revista “Caretas” con la dirección de Doris Gibson y Enrique Zileri fueron los más severos críticos del régimen en tanto que El Comercio de la familia Miró Quesada y La Prensa de Pedro Beltrán tenían una posición, también crítica, pero un tanto más moderada.

La falta de simpatía de estos medios hacia la “revolución”, motivó que germinara en la mente del jefe de la revolución la convicción que tenía en el periodismo a un enemigo de la revolución y, por lo tanto, tratarlo como un adversario a quien combatir. Esta idea intensamente por alentada por los asesores socialistas y comunistas.

Esta particular guerra contra la prensa fue asumida por los asesores civiles del régimen dictatorial incluso con especialistas provenientes de países socialistas en donde la prensa no gozaba de la libertad que si existía en el Perú.

Conociendo la irritación que le provocaba a Velasco las críticas de la prensa, entonces los asesores civiles comprendieron que lo que quería el conductor de la revolución era encontrar la manera de controlar al periodismo opositor. Lo primero que se les ocurrió fue restringir: la libertad de prensa.

El año 1969 marcó la ruta definitiva del nacionalismo del Gobierno Revolucionario y se produjeron las primeras medidas radicales, además de la declarada confrontación con el sector privado y el empresarial, afectados por la política de socialización de la economía peruana.

Por supuesto, la reacción del periodismo fue de más críticas a la conducción del país por los militares y dieron cabida en las páginas de la prensa escrita a la opinión de políticos y analistas que no coincidían con los propósitos revolucionarios, acusando que el gobierno revolucionario nos estaba llevando hacia un estado comunista.

Considerando que la situación con el periodismo estaba en un punto que, el gobierno consideraba de riesgo para el futuro de la revolución, los asesores decidieron dar un paso adelante para controlar a la prensa y propiciaron la aprobación de un proyecto que apuntaría a ese objetivo. El 30 de diciembre, vísperas de las celebraciones de fin de año, el gobierno promulga el Decreto Ley 18075 al que controversialmente denominan “Estatuto de la Libertad de Prensa” pero que, en realidad, dictaba medidas draconianas para evitar el verdadero uso de esa libertad por parte de las empresas periodísticas.

En los considerandos del Estatuto, los ideólogos hacen decir al gobierno que “es imperativa la expedición de normas legales que adecue la libertad de prensa a las actuales aspiraciones de la comunidad peruana”. A buen entendedor pocas palabras. Habrá libertad de prensa en la medida que se alinee con lo que quiere el gobierno militar.

Como era de esperarse, la reacción de los medios fue rotunda y contundente en contra del Estatuto al que declaraban como una amenaza precisamente contra la libertad de prensa.

Fue toda una declaración de guerra. El Gobierno de un lado y la prensa independiente del otro.

Pero en el gobierno, los asesores tienen otras herramientas para avanzar en la manera de acallar a la crítica periodística. Maquiavélicamente, decidieron que una forma de maniatar a los periódicos opositores, era generando un conflicto interno en las empresas y poner a los trabajadores en contra de los dueños por lo que elaboran una nueva norma.

El 6 de febrero de 1970, cinco semanas después de la aprobación del del Estatuto, el gobierno promulga el Decreto Ley 18139 y la llaman ingeniosamente “Ley del Periodista”. En el dispositivo se declara la estabilidad laboral, beneficios económicos por horas extras o nocturnas, pago doble por día domingo o feriado y otros beneficios más. Pero lo llamativo del articulado es que, dictatorialmente ordena que los diarios, así como los canales de televisión y las emisoras de radio “cederán en cada edición el espacio correspondiente a una columna en la página editorial o su equivalente en tiempo tratándose de radio y televisión” para que los periodistas tengan el derecho de emitir artículos de opinión. No importa si estos periodistas coinciden con la línea editorial del medio o, como quiere el gobierno, que alaben la gestión gubernamental. Además, el decreto le otorga poderes al sindicato de la empresa para el uso de este espacio periodístico.

Evidentemente, el dardo tiene sus efectos al crear al interior de las empresas un pequeño, pero conflicto al fin, visto que en los medios hay periodistas que comulgan con el gobierno militar, pero no podían expresar este apoyo en el mismo diario en el que trabajan.

EXPROPIACIÓN DE EXPRESO

 La campaña para acallar al periodismo libre ya había emprendido su camino. Ahora, los ideólogos deben pensar la forma ya no solo acallar progresivamente a los opositores sino apropiarse de las empresas periodísticas.

El primer paso en esa dirección se da el 3 de marzo de 1970, casi un mes después de la Ley del Periodista, aparece, otra vez, la mano negra de los enemigos del periodismo independiente. Sin explicación ni justificación alguna, el Gobierno Revolucionario declara “de interés social la expropiación de Editora Nacional S.A.” propietaria del diario Expreso y de su vespertino Extra.

Manu militari, les quita la propiedad y dispone que “Los servidores de Editora Nacional S.A. que voluntariamente lo deseen, constituirán una cooperativa a la que se transferirá los bienes expropiados y que, por ello, asumirá la obligación del pago del precio correspondiente.

La cooperativa así constituida tendrá como finalidad principal la publicación de los diarios Expreso y Extra”

De esta manera subrepticia y dictatorial, Velasco elimina de un solo plumazo a un poderoso adversario que durante meses había sido una piedra en las botas de los militares con sus informaciones, comentarios y artículos de opinión.

AHORA LA TELEVISIÓN

Al edificio de La Prensa, les informó, Ismael Frias había ingresado acompañado únicamente con los miembros del Comité y no había tenido problema alguno (Nota del autor: Última Hora era un vespertino de La Prensa y se editaba en el mismo edificio).

La captura de medios de comunicación es un claro objetivo del Gobierno Revolucionario. Ahora les toca el turno a los canales de televisión. La dictadura considera que es por los medios audiovisuales que la oposición está envenenando a la opinión pública en contra del gobierno. Por lo tanto, piensan los ideólogos, la mejor manera de convertir a la televisión nacional de opositora en aliada es apropiándose de todo el sistema de telecomunicaciones.

Así, el 9 de noviembre de 1971 por medio del Decreto Ley 19020 – Ley General de Telecomunicaciones dispone que “los servicios de radiodifusión, por razones de seguridad y por ser medios de comunicación masiva, están bajo el control del Estado” y argumenta que “la modalidad actual de explotación de los servicios de radio difusión en el Perú, con fines exclusivos de lucro, no permite alcanzar las metas educativas y culturales de interés nacional” por lo que “es deber del estado, por razones de seguridad nacional e interés social, orientar, controlar y supervisar los servicios de telecomunicaciones en todos sus aspectos, cuando sus señales se generen en el territorio nacional”, Bajo estos premisas, el Gobierno se hace dueño del 51% de las acciones de todos los canales de televisión que tenían capital privado. En pocas semanas, la programación de los canales cambia radicalmente y pasa a ser monocorde para beneficio del gobierno dictatorial.

EL CASO DE LA PRENSA

La maquinaria de guerra contra el periodismo independiente trabaja a full para hostigar y afectar el trabajo periodístico que es contrario a los fines de la revolución.

Tras apropiarse de Expreso y Extra, así como de los canales de televisión, ahora apuntan contra el influyente y tenaz adversario del gobierno, como es el diario La Prensa.

Para mostrar la capacidad de inventiva con que cuentan en su afán por hacerse de todos los medios opositores, hacen un seguimiento minucioso de los dueños de los periódicos para aplicarles los draconianos artículos del Estatuto de Prensa aprobado a fines del 69. Uno de estos artículos señalaba la obligación a los directores de los diarios de permanecer en el país por un período no menor a 6 meses en cada año .

Y encuentran un caso en la persona del dueño y director de La Prensa, don Pedro Beltrán Espantoso. En Sesión de Consejo de Ministros del 13 de enero de 1972 el ministro de Relaciones Exteriores general Edgardo Mercado Jarrín informa que “sabe extraoficialmente que el señor Pedro Beltrán Espantoso director y accionista de La Prensa se encuentra en un pueblo de Estados Unidos y que está ya más de 6 meses”.

De inmediato el presidente Velasco asegura que “el señor Beltrán ha dejado de ser director y accionista de La Prensa en atención al dispositivo legal pertinente” (El Estatuto de Prensa). 

Entonces, el Gobierno de Velasco no deja pasar la oportunidad para ir contra La Prensa. Instruye al prefecto de Lima, para que aplique el Estatuto a Pedro Beltrán bajo la premisa que no ha estado en el país los 6 meses requeridos, por lo tanto, ha incumplido la Ley y es pasible de la sanción de perder el derecho a la propiedad de las acciones del diario. Beltrán es obligado a dejar la dirección de su diario querido en manos de su sobrino Pedro Beltrán Ballén. En las alturas del gobierno, hay regocijo. Los grandes medios están siendo arrinconados.

LA MIRA: LOS DIARIOS OPOSITORES

Al interior de la cúpula militar que conduce el Gobierno Revolucionario, los ideólogos lograron instalar la idea que no será posible avanzar con sus objetivos nacionalistas si persiste la tenaz oposición de la prensa independiente. Los asesores procedentes del extranjero, muestran el ejemplo de los países socialistas en los cuales la prensa es parte del gobierno, lo que facilita las tareas revolucionarias.

Es en esa mira, que los generales no ocultan su afán estatista de la prensa y una muestra la ofrece el entonces todopoderoso jefe del Sistema Nacional de Movilización Social – SINAMOS, general de brigada EP Leonidas Rodríguez Figueroa quien, el 14 de abril de 1973, momentos antes de abordar un avión que lo llevaría a la revolucionaria comunista Cuba (país sin libertad de prensa) declara a los periodistas que acuden al aeropuerto limeño: “Creo que la prensa contrarrevolucionaria está condenada a desaparecer … por acción del mismo pueblo peruano, no precisamente del Gobierno Revolucionario …” y comentando la prioridad de la Propiedad Social como germen de la nueva economía  peruana, propone que “la mejor forma de acallar toda esta campaña será que esta empresa (se refiere al diario El Comercio) sea la primera en constituirse como empresa de propiedad social para demostrar a sus dueños que la empresa de propiedad social es buena y es peruana”.

De esta manera, el general Rodríguez Figueroa abre un nuevo frente en la feroz batalla del Gobierno y el periodismo, al que ha calificado nada menos que de “contrarrevolucionario”.

LA COMISIÓN

Las expresiones de Rodríguez Figueroa no son un hecho aislado en relación con el propósito de adoptar medidas radicales contra la prensa independiente.

En algún momento desde fines de 1972 y comienzos de 1973, el gobierno tomó la decisión de estudiar medidas que se encaminen a “solucionar el problema de la prensa independiente”. Ello se deduce de un diálogo sostenido en la Sesión del Consejo de Ministros del 24 de abril de 1873, por el cual el ministro de Pesquería, General de Brigada Javier Tantaleán Vanini le pide al ministro de Trabajo. General FAP Pedro Sala Orosco que en su condición de “presidente de la Comisión” … “debe estudiar la situación de los diarios de la reacción” a lo cual Sala Orosco responde que hará “un análisis y tomar medidas generales”.

Queda en evidencia que ya, en abril de 1973 el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada tenía en mente adoptar una medida radical para acallar la prensa independiente y en ello trabajaba una comisión que presidia un hombre de confianza de Velasco: el “cholo” Sala Orosco.

El 23 de julio, cuando el país se alista a la celebración del Aniversario Nacional, el Consejo de Ministros, le exige al presidente de la Comisión que (en la sesión del próximo martes (30 de julio de 1973) “proponga cómo y cuando debe procederse contra los periódicos de la oposición El Comercio, La Prensa, Última Hora” y que, en ausencia del integrante el ministro de Industria (contralmirante AP Alberto Jiménez de Lucio) se incorpore a la Comisión el ministro de Vivienda (contralmirante AP Ramón Arróspide Mejía). Los diarios están sentenciados, aunque no se determina la fecha de su extinción.

VELASCO DEFINE EL DERROTERO

La guerra recrudece en ese período debido a la discrepancia de los medios de comunicación con la política gubernamental de los militares en el poder.

El presidente Velasco Alvarado, aprovecha las Fiestas Patrias para, en su mensaje, dejar en claro cual es el derrotero que seguirá el tema de la prensa:

“Cuando todos los días los periódicos de ultraderecha atacan al Gobierno, resulta poco menos que irónico escuchar alegatos en favor de una libertad de prensa que nadie ha puesto en peligro. En realidad, en el país existe abuso de esa libertad, no ausencia de ella…”. Los términos son claros, la prensa opositora es de ultraderecha (expresión que los otros ministros acusan como de contrarrevolucionaria), que la libertad de prensa no está en peligro (la verdad es que si hay síntomas de que el Gobierno quiere coactar esa libertad) y que los medios abusan de esa, supuesta, libertad.

Velasco va más allá en señalar la intención del gobierno y dice “…se trata pues, mas bien de reformular todo el problema que plantean los medios de comunicación, a fin de garantizar que constituyan efectivos canales de libre, veraz y completa información, vehículos verdaderos de cultura y no como algunos son todavía, órganos de expresión al servicio de intereses familiares o de grupo”.

Para el jefe de la Revolución, el tema de la prensa es “un problema” porque no constituyen un canal de libre información, porque están al servicio de intereses familiares (El Comercio por los Miró Quesada) y de grupo (La Prensa por las empresas agrarias y bancarias). Siendo un problema, el presidente deja en claro que se tiene que solucionar. Para eso, ya está trabajando la Comisión Sala Orosco.

En los meses siguientes, el campo de batalla se vuelve cada vez más intenso porque desde el Gobierno y sus medios aliados (Expreso, La Nueva Crónica, Telecentro) se acusa a la prensa opositora como generadora de una campaña para desprestigiar al Proceso Revolucionario y fomentar la contrarrevolución.

EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

El año 1974 será el de la solución al problema de la prensa. Los promotores del control gubernamental de los medios de comunicación ya tienen claro que en este año será el de la decisión final para que los diarios independientes dejen de circular o cambien de propiedad.

Y en ese objetivo ponen en marcha un proceso de sistematizar la información gubernamental para competir con los medios impresos que tanto molestan a los revolucionarios.

Así, en marzo de ese año, por Decreto Ley 20550 se crea el Sistema Nacional de Difusión – SINADI para “asegurar que la información, publicidad y difusión por los medios de comunicación colectiva del Estado estén al servicio del hombre peruano, para lograr una progresiva y cada vez más eficiente comunicación participatoria”.

Fija como objetivos del flamante organismo: Lograr información veraz y oportuna sobre los acontecimientos nacionales y mundiales, promoviendo dentro y fuera del país el conocimiento de la realidad nacional, de nuestro patrimonio histórico cultural y de las realizaciones del proceso revolucionario peruano, así como asegurar que la publicidad en el país sea empleada en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo; y propiciar que los contenidos que se difundan a través de los medios de comunicación colectiva estén al servicio de la cultura, la educación y el entretenimiento del hombre peruano para estimular el desarrollo de su capacidad creadora y crítica y lograr su participación activa en el proceso de la información.

Determina que la Oficina Central de Información – OCI será el organismo rector y ejecutivo y que su director tendrá rango de ministro de Estado. Se designa al general de brigada EP Eduardo Segura como su primer director.

LA CONFRONTACIÓN DEFINITIVA

En la larga y desgastante guerra gobierno versus periódicos, el mes de febrero sería el del inicio de la confrontación definitiva.

Todo comenzó el 18 de febrero con la firma del Convenio De la Flor – Green (por el ministro de Relaciones Exteriores, general Miguel de la Flor y el representante del Gobierno de los Estados Unidos, James Green) por el cual se debía dar terminada una larga negociación iniciada con la expropiación de la International Petroleum Company por La Brea y Pariñas y continuó con otras expropiaciones que hizo el Gobierno de empresas norteamericanas. Por el convenio, el gobierno peruano se comprometía a pagar 76 millones de dólares por el valor de las empresas expropiadas, con excepción de la IPC a la que no debía pagársele nada.

Para el Gobierno Revolucionario era un triunfo nacionalista de carácter internacional y así lo demostraban las declaraciones jubilosas de los ministros peruanos. En Estados Unidos había tranquilidad y satisfacción.

Pero en El Comercio no coincidían con el éxito de la negociación y así lo dejó constar en un editorial del 21 de febrero, en el que señalaba que el convenio afectaba la soberanía nacional y dejaba muchas dudas por el monto que el Perú debía pagar a las empresas norteamericanas..

Por supuesto que la posición de El Comercio desató la ira del general Juan Velasco Alvarado, quien reclamó severamente a sus ministros que “hasta cuando se iba a tener que aguantar al periodismo contrarrevolucionario del diario”. “Si sigue en su posición contra el país, entonces será expropiado inmediatamente” amenazó Velasco.

Los ministros descargaron la ira presidencial en los asesores civiles de la Comisión Sala Orosco porque habían dejado pasar tanto tiempo (ya más de un año) para encontrar la solución final al problema de los diarios opositores. Mientras que los “mastines” del gobierno como Expreso y La Crónica lanzaban sus ataques más furibundos contra El Comercio, el general Velasco volvió a expresarse con evidente disgusto en relación al editorial del diario de los Miró Quesada de quien dijo que actúa “con poca honestidad”.

EL ALMIRANTE VARGAS CABALLERO

Un personaje que resulta importante en este escenario es el vicealmirante AP Luis Vargas Caballero, comandante general de la Marina e integrante de la Junta Revolucionaria, máximo organismo del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada que además integraban el comandante general del Ejército, general de división EP Edgardo Mercado Jarrín y el comandante general de la Fuerza Aérea, teniente general FAP Rolando Gilardi Rodríguez.

Desde su alto cargo en la jerarquía castrense y gubernamental, el vicealmirante Vargas Caballero siempre se había mostrado como defensor acérrimo de la libertad de prensa y muchas veces se había puesto al lado de los diarios opositores y especialmente de El Comercio, el cual elogió editorialmente muchas veces la clara postura política del marino.

Esta postura no coincidía con la mayoría de los ministros radicales del gobierno militar como tampoco de sus satélites mediáticos que no perdían oportunidad de criticar, a veces con exceso, las declaraciones del ministro de Marina.

Ante la inmisericorde campaña en contra de su prestigio personal y de la Institución a la que representa, el integrante de la Junta de Gobierno no deja pasar las cosas y decide confrontar al jefe de la Revolución, general Velasco ante quien expresa su queja por el trato que recibe de los ministros más radicales y de los medios de comunicación que, supuestamente, controla el gobierno como es La Crónica y Expreso. En el despacho presidencial se encuentran los ministros Mercado Jarrín (Guerra), Gilardi Rodríguez (Aeronáutica), Richter Prada (Interior) y el jefe del COAP, general Graham Hurtado. Pero no recibe el respaldo esperado y por el contrario el general Velasco lo reprende por prestar declaraciones políticas que, dice Velasco, afecta al gobierno en su conjunto.

EL ALMUERZO COMPROMETEDOR

En medio de este ambiente enrarecido por las discrepancias al interior de la cúpula gubernamental, el enfrentamiento con los diarios de oposición y un escenario político altamente conflictivo, se produce una reunión social de poca importancia pero que será el detonante para que el Gobierno Revolucionario acelere la decisión respecto de los periódicos de circulación nacional.

El presidente de la Federación de Periodistas del Perú y editor del diario La Prensa, Arturo Salazar Larraín decide organizar un almuerzo amical para periodistas de los más importantes medios de comunicación de Lima. Asisten entre otros, Enrique Escardó, director de la revista Gente; Guido Chirinos Lizares director de Última Hora; Pedro Beltrán Ballén, director de La Prensa; Pedro Tello Cárdenas de la FPP; Enrique Zileri Gibson co director dela revista Caretas;Juan Campos Lama director de la revista Callao; Mario Castro Arenas, director periodístico del diario La Prensa; Luis Miró Quesada, director de El Comercio; Doris Gibson co directora de Caretas y Enrique Agois Paulsen director de Correo y Ojo.

El almuerzo tiene lugar el martes 14 de mayo en el local institucional de la Federación en la avenida Abancay, ubicado a pocos metros del clausurado local del Congreso de la República. Durante casi cuatro horas, los periodistas abarcaron numerosos temas de conversación, incluyendo, por supuesto la situación por la que pasa el país y el peligro que corre la libertad de prensa.

Parecía que el almuerzo no iba a trascender más allá de una simple reunión de camaradería.

Pero los ideólogos revolucionarios de ideas socializantes no quisieron que fuera así. Recurrieron a la dirigencia de la Asociación de Periodistas del Perú, entidad que ya se había convertido en acólita del velasquismo y en la cual el jefe de prensa de Palacio, Augusto Zimmermann Zavala, tenía un enorme poder, además que en su seno albergaba a periodistas cercanos al comunismo y financiados por organizaciones promoscovitas. Esta organización progobiernista quiso dejar constancia de su preocupación por la reunión de los periodistas opositores al gobierno y con evidente intención provocadora el 18 de mayo, difunden, en el diario gobiernista Expreso, un comunicado en el que sembraba dudas que el almuerzo haya tenido la simple intención de compartir un momento gremial.

Los ideólogos y Expreso habían encontrado un camino para allanar el camino a Velasco para la toma de los diarios. El diario progobiernista enfatiza el mensaje de que, el verdadero sentido del almuerzo fue para unificar esfuerzos de Miró Quesada con Beltrán y los demás medios, para generar una corriente política que desestabilice al gobierno revolucionario. Además, denuncia que fue la peligrosa Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, la que financió la reunión.

La saga continuó con una publicación el 21 de mayo en la que, desde la primera página, acusa que los asistentes al almuerzo son todos opositores a la Revolución y promueven la contrarrevolución y al día siguiente, el 22, añade más carburante al incendio político que quiere crear, cuando afirma que el almuerzo no fue sino la confirmación de un plan siniestro en contra de la Revolución. A esta campaña se adhiere desde La Crónica el cuñado de Velasco, el abogado Luis Gonzáles Posada quien asegura que la confabulación está en marcha y de la misma también forman parte un grupo de importantes diarios del continente que orquestan la caída del régimen velasquista.

Los ingredientes están casi listos para armar el caldo de cultivo con el cual Velasco puede dar el zarpazo final a los medios de comunicación independientes.

Pero hay un escollo muy difícil en el camino. El vicealmirante Vargas Caballero.

Es el mismo diario El Comercio el que pone el ingrediente final y provoca la caída del almirante. En su edición del 24 de mayo, publica una nota informativa dando cuenta de un comentario formulado por Vargas Caballero a raíz del famoso almuerzo. “El ministro de Marina y Comandante general de la Armada, Vicealmirante AP Luis Vargas Caballero dijo que pone en duda que alguien sea contrarrevolucionario por el hecho de criticar al gobierno. Agregó que hay mucha gente que, estando de acuerdo con la Revolución puede criticar, tener dudas y derecho a discrepar… Indicó que la libertad de prensa es uno de los postulados del Gobierno Revolucionario porqué el gobierno no está en contra de esa libertad; pero lo que debemos hacer en el Perú y hace falta, es cumplir el cuarto postulado, que es fomentar la concordia y la unión e integración de los peruanos. Indicó que cuando se opina diferente, lo calificamos de contrarrevolucionario, de antiperuano, oligarca, etc. Todo eso es un error”. Declaraciones en total con su clara posición expresado a lo largo de su ejercicio ministerial en el Gobierno Revolucionario.

Pero tal declaración y los editoriales posteriores en El Comercio y la Prensa solidarizándose con lo declarado por el ministro Vargas Caballero, provocan un sismo en el más alto nivel del Gobierno. Los ideólogos, con la complicidad de Zimmermann, hacen ver al presidente Velasco que Vargas Caballero se ha excedido en hacer pública su discrepancia con la Junta Revolucionaria y con el gobierno, poniéndose de lado de quienes se considera, precisamente, enemigos del proceso revolucionario.

Ha llegado la hora de deshacerse del almirante y eliminar el último obstáculo para la liquidación de la prensa independiente.

Para ello, cual magníficos jugadores de ajedrez, le preparan una celada política al jefe de la marina. El juego es preparado por Zimmermann y sus allegados y Velasco hace la jugada.

El 29 de mayo al mediodía, el nuevo embajador de Australia en el Perú, Allan Loomes presenta sus cartas credenciales al presidente Velasco en una ceremonia protocolar. Al término del acto, el jefe de Prensa de Palacio, Augusto Zimmermann invita a los periodistas a conversar con el presidente. A sus periodistas comprometidos, les entrega las preguntas precisas porque Velasco sabe qué le van a preguntar por lo que tiene listas las respuestas. Todo está muy bien preparado, el juego estaba en marcha y los jugadores en el tablero.

A una pregunta de un plan contrarrevolucionario en el que coinciden quienes aseguran que no hay libertad de prensa y una prensa internacional que detalla una Fuerza Armada dividida en el Perú, Velasco responde: “Aquí no hay coincidencias ni casualidades. Hay un plan contrarrevolucionario. Con la revolución nació la contrarrevolución”

Y, luego, lo interrogan por las declaraciones del vicealmirante Vargas y el respaldo editorial recibido de parte de El Comercio y La Prensa. Las movidas están perfectamente jugadas. Velasco responde: “no hay que confundir el derecho a la crítica, a la discrepancia, derecho que reconocemos, como dijo el almirante Vargas; con el derecho a hacer la contrarrevolución”.

A continuación, da el jaque preparatorio al jaque mate: “…las declaraciones del almirante Vargas Caballero constituyen su punto de vista personal, muy particular. En el gobierno existe unidad del equipo, verdadera camaradería, discutimos en el equipo todas las decisiones y se aprueban por mayoría. Sabemos que los periódicos contrarrevolucionarios envían a sus redactores preparados con preguntas de doble sentido para después especular políticamente con las respuestas. Porque nos dimos cuenta de su juego, es que acordamos que las declaraciones de tipo político estaban reservadas al que habla y al primer ministro. Los demás ministros estaban autorizados a formular declaraciones en los asuntos concernientes a su sector, y aquel que incumpliera este acuerdo, debería presentar su renuncia. Es un acuerdo que consta en el Libro de Actas del Consejo de Ministros”. Velasco abría la puerta por la que tenía que salir el ministro de Marina.

La respuesta dio en el blanco. El vicealmirante por haber hecho declaraciones políticas, para lo que no tenía autorización, estaba obligado a renunciar.

En la Marina sintieron que su comandante general había sido agraviado por el Jefe de la Revolución y no iban a dejarlo sin respaldo. Los comandos se reúnen a las 4 horas de la tarde del 29 en el Callao y escuchan la grabación de las declaraciones hechas por el presidente y luego de debatir la situación creada por el presidente Velasco deciden dar su apoyo incondicional al almirante Vargas Caballero. Intentan calmar las aguas, pero con la condición que el almirante se mantenga como su comandante general, ministro de la Armada e integrante de la Junta revolucionaria. El Comandante General dispone el estado de alerta a toda la flota de la armada hasta aclarar el asunto.

En conocimiento que los altos jefes de la Armada están en reunión permanente en torno a los buques de la Marina de Guerra, Velasco intuye que podría producirse un quiebre institucional con la probable rebelión de los marinos. Entonces decide convocar el mismo 29 de mayo a un Consejo de Ministros Extraordinario que se inicia a las 11.45 de la noche. Van todos los ministros menos el mencionado Ministro de Marina y el de Industria, Contralmirante Jiménez de Lucio. Si está presente el otro ministro de la Marina, Contralmirante Arróspide Mejía.

Dada la gravedad de la situación, Velasco también solicita la presencia del presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, general de división EP Arturo Cavero Calixto, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división EP Francisco Morales Bermúdez, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, mayor general FAP César Podestá Jiménez, el comandante de la Segunda Región Militar, general de división EP Leónidas Rodríguez Figueroa, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, general de brigada EP Rafael Hoyos Rubio, el presidente del Comité de Asesoramiento de la Presidencia, general de brigada EP José Graham Hurtado y el jefe del SINAMOS, general de brigada EP Rudecindo Zavaleta.

El presidente Velasco explica la situación a esa hora. Dice que el ministro Vargas Caballero ha dispuesto el embarque del personal militar y decretado la inamovilidad absoluta además de convocar a todos los oficiales generales de ese instituto. Detalla lo acontecido en la conferencia de prensa del mediodía y dice que él no había pedido la renuncia del almirante Vargas Caballero, sino que se había limitado a señalar la existencia de un acuerdo del Consejo de Ministros en relación a que los ministros no podían hacer declaraciones políticas.

La sesión del Consejo de Ministros se prolongó prácticamente hasta la madrugada del 30 de mayo y después del debate ministerial se aprobó, por unanimidad, la separación del ministro de Marina, planteándose dos alternativas; que sea por renuncia del propio almirante Vargas Caballero o sencillamente disponer su apartamiento por acuerdo del Consejo.

Se nombró una Comisión integrada por el ministro de guerra, general Mercado Jarrín, por el ministro de Aeronáutica, general FAP Gilardi Rodríguez y el presidente del Comando Conjunto, general EP Cavero Calixto para que se constituyan en la sede de la Marina en el Callao y le transmitan al vicealmirante lo acordado en el Gabinete en relación a la imposibilidad que siga formando parte del Consejo de Ministros.

Mientras la comitiva se dirigía al Callao, Velasco suspendió la sesión del Gabinete porque ya eran las seis de la mañana del 30 de mayo.

El almirante Vargas Caballero, después de conversar con los enviados de Palacio y tratar el tema con su Alto Mando, decide presentar su renuncia como ministro de Marina, así como Comandante General de la Marina e integrante de la Junta Militar de Gobierno. Intenta comunicarse telefónicamente con el presidente Velasco, pero este no lo atiende así que su decisión de renunciar se la comunica por teléfono al premier Mercado Jarrín a media mañana del 30 de mayo.

Jaque Mate.

LA CONFISCACIÓN EN CAMINO

Con el apartamiento del almirante Vargas Caballero y la llegada a la jefatura de la Marina de un incondicional del general Velasco, el vicealmirante AP José Arce Larco, la estabilidad de la prensa independiente estaba sentenciada. Solamente quedaba determinar cuál debería ser la decisión a tomar respecto de los diarios y revistas opositoras al régimen.

Velasco dispone que la comisión ministerial encargada del “problema de la prensa” se fortalezca e incorpore a asesores civiles comprometidos con la Revolución y de confianza del Jefe del Estado.

Así, a la comisión ministerial que preside el ministro de Trabajo, teniente general FAP Pedro Sala Orosco e integrada por el ministro de Pesquería, general de división EP Javier Tantaleán Vannini, el ministro de Industria y Turismo, contralmirante AP Alberto Jimenez de Lucio, el ministro de Comercio, teniente general FAP Luis Barandiarán Pagador y el ministro del Interior, general de división EP Pedro Richter Prada se suman el jefe de Prensa de la Secretaría de la Presidencia de la República, Augusto Zimmermann Zavala, el periodista y columnista del diario La Nueva Crónica, Ismael Frías, el director del diario oficial El Peruano, Gilberto Escudero y el connotado jurista, ex candidato presidencial y persona de mucha confianza de Velasco, el Dr. Héctor Cornejo Chávez.

La primera intervención de la Comisión ante el Consejo de Ministros se produce el 4 de junio, cuando el general Sala Orosco informa que “en opinión de la Comisión es inconveniente, en estos momentos, cerrar cualquier diario; sin embargo, se requiere pensar en el problema en forma integral pues es inconveniente que los periódicos se encuentren en manos privadas, que esto se puede resolver con una ley de carácter general que comprenda toda la actividad periodística. Que una probable situación es mejorar los diarios que están en nuestras manos e igualmente podría ganarse a ´La Prensa´ cuya comunidad laboral tiene parte importante del accionariado… Las posibilidades (de intervención de los periódicos: Nota del autor) podían ser:

1. El 51% en manos del Estado
2. El 25% en poder de la comunidad laboral; 25% de los periodistas; 25% de los gremios y 25% del Estado.
3. 25% de los periodistas; 25% de los obreros; 40% de los gremios y 10% del Gobierno.

Que se trataba de profundizar estos puntos para llegar a una decisión. El Señor Presidente manifestó que alguien había dicho que mientras permanecieran estos periódicos en plena libertad va a ser difícil que llegue a su término la Revolución; que sigue creyendo que una Revolución de la Fuerza Armada tiene que defenderse, que habían leído en ´Oiga´ sobre la democracia en el periodismo, lo que no es dable, la Revolución es como las aguas del Mantaro que se llevan todo por delante hasta que se tranquiliza y se encauza, entonces se puede ir a la democracia periodística; que en este sentido cree que debe tomarse una actitud decidida y propone que la Comisión continúe trabajando, que una de las formas que se pensó hace tiempo es 51% para el estado y 49% para la comunidad laboral, distribuyendo después las páginas entre los gremios; pero tiene de malo que se diría que estamos estatizando los diarios y vamos hacia el comunismo, pero puede inventarse otra fórmula que si cree que podemos distribuir las páginas por ramas de actividades y el estado tener una página”.

En la misma sesión ministerial el ministro de Transportes y Comunicaciones general de brigada EP Raúl Meneses Arata se mostró “de acuerdo con la Comisión en que debía salir una ley general definitiva, que en el futuro los periódicos debían estar en manos de los gremios, no del Estado que podía tener una página, pero esto es el futuro, ahora la población aún no está organizada por lo que se requiere de un dispositivo transitorio en que los periódicos pueden tenerlo los trabajadores, pero siendo el gestor el estado y que este influya en el contenido y en la decisión, lo que supone tomar los periódicos antes de que salga la ley”.

Esta acta evidencia claramente que el Gobierno ya ha tomado una decisión respecto de los diarios de circulación nacional, solo falta que se encuentre la fórmula por la cual evitar que sigan en manos de sus legítimos dueños, por eso, el Presidente Velasco concluye el debate señalando que “la Comisión continúe estudiando el problema y lo presente el martes 18 (de junio) autorizándoles a que se asesoren con periodistas de confianza”.

Por esos días, el diario El Comercio comenta en un editorial titulado “La campaña comunista en el Perú” que, en agosto de 1973, el Partido Comunista Peruano en su VI Congreso Nacional aprobó un nuevo Programa uno de cuyos puntos decía “Los medios de comunicación de masas deben ser puestos fundamentalmente al servicio del pueblo, sea cooperativizándolos, entregándolos a las organizaciones sociales o populares o estatizándolos”. (El Poder Invisible – Alfonso Baella Tuesta). Una propuesta que la Comisión analizaría en detalle.

El 18 de junio, la Comisión cumple con el encargo del gabinete y en la sesión ordinaria de los ministros, el de Comercio, general FAP Luis Barandiarán Pagador informa que “ha trabajado con el asesoramiento de los doctores Héctor Cornejo Chávez y Eduardo Glave Valdivia, del señor Augusto Zimmermann Zavala, de los directores de “El Peruano” y “La Nueva Crónica” y de otras personas, habiendo fijado los siguientes criterios para los medios de expresión escrita: Como objetivo, modificar el sistema de expresión escrita para que refleje el pluralismo de participación y la filosofía del Gobierno Revolucionario…que la prensa no deberá ser del estado o sea que no será estatizada, no obstante lo cual el Estado podrá tener uno o más órganos de prensa que difundan sus puntos de vista…la prensa nacional existente se transformaría en órganos de expresión de los sectores significativos del país y su organización y funcionamiento estaría sujetos a los fines siguientes: ser canales de expresión revolucionaria y ser empresas de servicio social autofinanciadas y no empresas económicas con fines de lucro… Los órganos de prensa y las organizaciones significativas son:

“El Comercio”                       Sector de Propiedad Social

“La Prensa”                          Organizaciones campesinas – CAPS – SAIS

“Expreso”                              CONACI y Comunidades Laborales

“La Nueva Crónica”             El Estado

“Correo”                                Intelectuales y organizaciones culturales

“Última Hora”                       Comunidades Educativas

 “Ojo”                                     Iglesia comprometida

“Caretas”                             Sector de Propiedad Social y profesionales

El Señor Presidente comentando los criterios dados a conocer para los medios de expresión escrita, dijo que su conocimiento permitía ir madurándolos, tomando del gabinete más ideas, refiriéndose luego a la expropiación de las acciones de los propietarios, pero sin dejar de considerar la situación de las acciones de propiedad de los trabajadores”

El debate ministerial se extendió por varias horas en las que los ministros aportaron ideas diversas, para que, finalmente el presidente Velasco recomendara “que el debate no trascienda a fin de evitar que periódicos y revistas hagan comentarios” y que “la Comisión continúe trabajando y que el próximo martes traiga algo más concreto”. Con la expropiación definida, la asignación de los diarios a medios organizados ha tomado forma, aunque no la definitiva. Sorprende que la Comisión incluyera a la revista Caretas como parte de la confiscación.

Mientras la Comisión sigue trabajando en definir la “socialización” de los medios de comunicación, el presidente Velasco en diálogo con los periodistas el 27 de junio, anuncia que se dará una “solución integral” al problema de los medios de comunicación, notificación que desata una intensa polémica en todos los diarios y revistas de circulación nacional y, los periodistas, según su ubicación en relación con el Gobierno Militar, apoyan o critican la iniciativa

Para el 11 de julio, la Comisión expone ante el Consejo de Ministros que “del estudio realizado de la situación en general de diarios y revistas, presentan un proyecto de Estatuto de Prensa Escrita, que divide a los diarios entre los de circulación nacional que deben ser expropiados y entregados a los sectores de la población organizada y los otros diarios y revistas que continuarían con el esquema actual…leído el proyecto y puesto a debate, se acordó por mayoría que la Comisión estudiara una medida general, para todos los órganos de prensa, de expropiación progresiva similar a lo que se hizo con la televisión y la radio”.

Al parecer, porque no hay evidencia escrita, el presidente Velasco ya había fijado para las fiestas patrias de 1974, dar a conocer al país la decisión tomada respecto de la propiedad de los medios de comunicación independientes, así que la Comisión tiene que avanzar a marchas forzadas para presentar la propuesta definitiva. El tiempo se acorta.

Por ello, en la sesión ministerial del 17 de julio, el presidente de la Comisión, el ministro de Trabajo, general FAP Pedro Sala Orosco reitera que “después de amplia discusión se convino en solicitar al Consejo la modificación del acuerdo anterior de expropiación general por cuanto el momento no es oportuno y volver a la expropiación de sólo los seis diarios de distribución nacional que son los que realmente tienen influencia decisiva en la conciencia del pueblo”.

Tras aprobar que la medida de expropiación se limite a los seis diarios más importantes, el ministro Sala Orosco propuso que, tras la expropiación estos diarios se entreguen a la población organizada. “La propuesta era: “El Comercio” a las organizaciones campesinas; “La Prensa” a las comunidades laborales, “Correo” a los profesionales, “Ojo” a los escritores, artistas e intelectuales e general, “Última Hora” a las organizaciones de servicios y “Expreso” a la comunidad educativa”.

Además, el presidente de la Comisión señaló que “en cada diario se requería designar un Consejo Directivo que se encargará de la orientación y administración de las empresas, pero en la primera etapa había que designar un Comité compuesto por el director, el gerente, el jefe de editorial y el de redacción…como al formar el Comité se requiere que se nombre al director por el Ejecutivo se requería nombres, dándose varios, tomándose nota de ellos para evaluarlos”.

Respecto de la fecha de la expropiación, “se acordó por unanimidad que se deposita la confianza del Consejo en los ministros de Interior (general Pedro Richter Prada) y de Trabajo (general FAP Pedro Sala Orosco) y que el señor presidente de acuerdo con los dos, señale la fecha que más convenga”.

El “problema de la prensa” había llegado a su fin. Una Comisión de militares y civiles encontró la solución, la misma que pasaba por confiscar los diarios de circulación nacional a sus legítimos dueños y entregarlos a la “población organizada” en organizaciones que todavía no estaban organizadas.

Pocos días antes de las Fiestas Patrias, el 23 de julio la Comisión termina su trabajo. En la habitual sesión semanal del Gabinete Ministerial, el general FAP Pedro Sala Orosco dice que “…la Comisión ha dado cumplimiento al encargo del Consejo de Ministros, que se ha terminado y revisado el Estatuto, lo mismo que el Decreto Ley de expropiación, que asimismo, ha sido habladas las personas que pueden ocupar la Dirección de los diarios que se van a expropiar, lo que durará un año, vencido el cual se sustituirá el Comité por un Consejo Directivo, formado por los delegados de los sectores propietarios, que las personas que han aceptado presidir los Comités y su dirección son:

            “El Comercio”:                      Héctor Cornejo Chávez

            “La Prensa”:                         Walter Peñaloza

            “Expreso”                              Alberto Ruiz Eldredge

            “Correo”                                 Hugo Neira

            “Ojo”                                      Augusto Rázuri

            “Última Hora”                        Ismael Frías

Que La Nueva Crónica va a ser reestructurada sacándola del Banco Popular y pasándola como empresa a la OCI y bajo la dirección de Guillermo Thorndike, que se ha coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas (general de brigada EP Amilcar Vargas Gavilano) para hacer una auditoría en cada empresa”

Velasco interviene para que haya una “próxima reunión con los futuros directores…y se tenga en cuenta el chequeo de los equipos, la relación de auditores, día y hora de ingreso a los diferentes locales, apoyo que debe prestar el Ministerio del Interior, tener los editoriales preparados, medidas de seguridad para evitar cualquier escándalo, que se fije la costumbre de que la Comisión se reúna un día a la semana con los directores para una sesión política e intercambiar información”.

El ministro de Trabajo y presidente de la Comisión, general FAP Sala Orosco convoca a una sesión de trabajo “a las 9.30 horas de mañana (24 de julio) en el Ministerio de Pesquería” y tras esta intervención el Gabinete Ministerial aprueban el Decreto Ley 20680 – Estatuto de Prensa , Decreto Ley 20681 – Expropiación de los diarios “El Comercio”, “la Prensa”, “Correo”, “Ojo”, “Última Hora” y “Expreso” así como sus suplementos, vespertinos y todas las publicaciones adicionales; y el Decreto Ley 20682 – Pasando a disposición de la OCI la “Nueva Crónica”. Estos decretos no son enviados al diario oficial “El Peruano” para su publicación, recién lo harían 48 horas después.

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada había concretado un viejo anhelo: capturar la prensa independiente y desaparecer la oposición periodística a su régimen dictatorial. 

LA TOMA DE LOS DIARIOS

Los flamantes directores de los diarios confiscados recibieron las instrucciones oficiales en la mañana del 24 de julio en las oficinas del ministro de Pesquería. Allí les hacen conocer el nuevo Estatuto de Prensa que acaba de ser aprobado por el Gabinete, pero, fundamentalmente les explican lo que quiere el Gobierno de ellos para que los diarios se conviertan en revolucionarios. Las pautas les son detalladas principalmente por el ministro Tantaleán Vannini quien parece tener la conducción del proceso.

Los directores, quienes para esa mañana ya conocían los diarios a los cuales habían sido asignados, llevan en sus portafolios los nombres de quienes han de acompañarlos en la tarea de conducir diarios que les han sido confiscados a sus legítimos dueños. Estos nombres ya han sido tamizados por el Ministerio del Interior así que resulta de trámite la aprobación de cada uno de ellos.

En una prolongada sesión, todas las dudas quedan resueltas y todas las indicaciones aclaradas para que los directores no se salgan de los “parámetros” que les ha fijado el Gobierno Revolucionario. Están todos de acuerdo.

Finalmente, se les informa que la captura de los diarios se producirá en la noche del viernes 26 de julio, porque los diarios “ya serán del pueblo” a partir del 27 de julio, es decir antes del Mensaje a la Nación del presidente Velasco.

Se les ordena que el 26 deberán concurrir al despacho del ministro del Interior, general Richter Prado para las coordinaciones finales.

El periodista Alfonso Baella Tuesta, jefe de la Página Editorial de El Comercio (Nota del autor: hasta ese día) ha reconstruido los momentos de la captura de los diarios para su libro “El Miserable”. Por ser ilustrativo, reproducimos textualmente las partes pertinentes de este hecho histórico que marcaría el futuro de la Revolución Peruana.

22 Horas

Camionetas del Departamento de Seguridad, con investigadores armados con ametralladoras patrullaban constantemente los edificios de El comercio, La Prensa, Correo.

Periodistas y fotógrafos, así como corresponsales de agencia de noticias se ubicaron frente a los mismos edificios.  Los trabajadores de todos los diarios sabían que esa noche la policía tomaba las empresas editoras. En todos los diarios se hacían comentarios en voz baja.

23 Horas

Señores, los diarios han sido tomados por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, anunció un coronel del Ejército. (Nota del Autor: en el mismo libro Baella relata que los designados directores de los diarios, asesores civiles del gobierno y equipo de especialistas, se encontraban reunidos desde las 4.00 de la tarde en la oficina de Defensa Civil en el 4° Piso del Ministerio del Interior)

…Segisfredo Luza (asesor civil del Gobierno) difícilmente pudo hacerse escuchar:

• Señores, les ruego tener presente el memorándum, es muy importante.

En el pizarrón de color verde había escrito un “Memorándum de la Ocupación” y decía así:

1. En cada diario un grupo de trabajadores y de Investigadores aguardan a los directores y a los Comités de Administración.
2. La PIP (Policía de Investigaciones del Perú) se encargará de resolver cualquier situación de emergencia; los directores y miembros de los Comités evitarán cuidadosamente cualquier incidente.
3. El ingreso a los diarios se hará por intermedio del Comisario Superior asignado a cada director.
4. El enlace con el Gobierno se hará por medio del Comisario Superior asignado a cada director.
5. Cada director y miembro del Comité ha recibido un arma de fuego, descargada, que no será usada. Tiene una finalidad psicológica. El único personal autorizado para hacer uso de sus armas, en el interior de los diarios es la PIP; fuera de los edificios, la Guardia de Asalto.
6. En ninguna circunstancia se permitirá el consumo de bebida alcohólicas en los diarios.

A las 12 en punto de la noche, alrededor de un centenar de Guardias de Asalto, con ametralladoras y bombas, se ubican en los lugares de acceso a los diarios El Comercio y La Prensa.

00.30 DE LA MADRUGADA DEL 27

– El señor ministro los espera en su despacho

Salieron apresuradamente, los directores y los miembros de sus Comités seguidos por oficiales del Ejército, la Guardia Civil y la PIP. Caminaron por los silenciosos pasillos del cuarto piso del Ministerio del Interior e ingresaron a la amplia y alfombrada oficina del ministro.

Formaron un semicírculo alrededor del ministro. El general Richter, en traje de paisano, sonría, muy dueño de la situación. Parecía venir de alguna fiesta, por lo que contrastaba con los rostros, tensos, sudorosos, de los nuevos ejecutivos de la prensa peruana.

En la avenida Javier Prado, alrededor de la residencia del doctor Luis Miró Quesada, la Guardia de Asalto se puso en estado de alerta… (Nota del autor: Al Director de El Comercio se le impedía abandonar su domicilio, una especie de ilegal arresto domiciliario)

00.30 DE LA MADRUGADA DEL 27

– El señor ministro los espera en su despacho

Salieron apresuradamente, los directores y los miembros de sus Comités seguidos por oficiales del Ejército, la Guardia Civil y la PIP. Caminaron por los silenciosos pasillos del cuarto piso del Ministerio del Interior e ingresaron a la amplia y alfombrada oficina del ministro.

Formaron un semicírculo alrededor del ministro. El general Richter, en traje de paisano, sonría, muy dueño de la situación. Parecía venir de alguna fiesta, por lo que contrastaba con los rostros, tensos, sudorosos, de los nuevos ejecutivos de la prensa peruana.

• Señores, el presidente de la República, general Juan Velasco Alvarado, les desea, por mi intermedio, pleno éxito en la gestión que inician y les agradece por su colaboración con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Vayan ustedes tranquilos, que todo se desarrolla en perfecto orden, de acuerdo al plan trazado…

Avanzó y, comenzando por Cornejo Chávez fue estrechando las manos y abrazando a cada uno de los presentes. Fueron 28 en total. Casi todos vestían deportivamente: chompas y casacas de cuero. Los únicos que llevaban corbata era los líderes del Partido Demócrata Cristiano. (Nota del autor: Partido al que pertenecía Cornejo Chávez)

1.01 a.m.

Por el ascensor personal del ministro, descendieron desde el cuarto piso hasta el sótano, los integrantes de los diferentes Comités de Administración. En el sótano, esperaban los vehículos. Subieron a una camioneta Ruiz Eldredge, Francisco Moncloa, Rafael Roncagliolo y Samuel Angulo …

1.10 a.m.

Partió la primera columna con rumbo al Diario Expreso y la segunda a Última Hora.

En el sótano se encontraban los demás Comités de Administración, en los vehículos policiales que los habían de conducir a sus diarios.

El señor Hugo Neira olvidó su poncho en el cuarto piso. Trató de regresar; pero no lo hizo. Esa noche perdió el poncho.

1.20 a.m.

Ruiz Eldredge hizo su ingreso al local de Expreso en medio de grandes aplausos. Fue recibido en la puerta del edificio por el ex director, su amigo y discípulo Efraín Ruiz Caro.

1.30 a.m.

Antes de ocupar el vehículo que le correspondía, Héctor Cornejo pidió le informaran si el edificio de El Comercio había sido ocupado por la policía. Hubo unos minutos de espera.

Por el servicio de Radio patrulla se recibió un informe: En el segundo piso del edificio, en las oficinas de la Dirección de El Comercio estaban miembros de la familia Miró Quesada y otras personas no identificadas que han ingresado en el curso de la noche.

El doctor Cornejo Chávez subió a hablar con el ministro del Interior. Era una situación imprevista.

Hugo Neira y el Comité de Administración de Correo y Andrés Rázuri y el Comité de Administración de Ojo fueron recibidos en la puerta del edificio de ambos diarios por un grupo de periodistas y trabajadores encabezados por Julio Higashi, jefe de Redacción. Neira ingresó en medio de aplausos. Posó para sus fotógrafos. Pronunció un breve discurso. Rázuri se dirigió a su oficina de la Dirección de Ojo.

Walter Peñaloza fue informado sobre la presencia de elementos contrarrevolucionarios en el interior de La Prensa. Aplaza la partida de su columna. Subió, siguiendo a Cornejo Chávez al despacho del ministro.

2.00 a.m.

El ministro del Interior, General Richter, explicó a Cornejo y Peñaloza que el Gobierno había tomado las máximas precauciones para evitar cualquier incidente en la toma de los diarios. “No hay que ponerse nerviosos”. En El Comercio hay personal de la PIP en el interior del edificio, las personas que están en la Dirección serán neutralizadas por la PIP si ofrecieran alguna resistencia a las fuerzas del Gobierno.

Al edificio de La Prensa, les informó, Ismael Frias había ingresado acompañado únicamente con los miembros del Comité y no había tenido problema alguno (Nota del autor: Última Hora era un vespertino de La Prensa y se editaba en el mismo edificio).

2.15 a.m.

Leamos la siguiente versión de Caretas:

Pero el diario donde se registraron verdaderos incidentes fue en La Prensa. Presentado a los redactores y obreros de turno de la noche por un jefe de la PIP que comandaba la operación, Peñaloza dijo que ese periódico ya no era el portavoz de la oligarquía y el imperialismo, sino de las comunidades laborales. Cuando se apresta a trazar una nueva “línea”, Arturo Salazar Larraín, presidente de la Federación de Periodistas del Perú y editorialista de La Prensa le interrumpió:

• Usted fue alto funcionario de la oligarquía de Odría y de la de Prado, Embajador de Belaunde y ahora con este gobierno ¿de qué línea habla?

Y Oscar Díaz Bravo, el jefe de Redacción hasta ese día, fue contenido con un “lo haré arrestar por insulto y resistencia a la autoridad”, pronunciado por el jefe PIP cuando decía a Peñaloza

• Tengo vergüenza de usted, doctor Peñaloza, que fue mi profesor en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde nos enseñó a respetar las leyes y la Constitución. Ahora viene usted con un Decreto que ni siquiera ha sido publicado a irrumpir con la ayuda de la fuerza pública.
• Peñaloza replicó: ¿con qué derecho habla usted en nombre del personal?
• Soy el presidente de la Comunidad Industrial, dijo Díaz, Electo por la mayoría y por eso hablo en nombre de todos. En cambio, usted ha sido nombrado a dedo…

2.30 a.m.

Ingresaron cincuenta miembros de la PIP, a la carrera, al edificio de El Comercio…luego se detuvo una camioneta frente a la puerta principal. Es rodeada por la Guardia de Asalto. Descendió, en primer lugar, de civil, el general (r) Bossio Collas, luego Héctor Cornejo Chávez seguido de Carlos Quiroga y Ezzio Parodi, todos del partido Demócrata Cristiano. Ingresaron rápidamente, recibidos con aplausos por medio centenar de trabajadores encabezados por Carlos Lavy, secretario general del Sindicato.

Se detuvieron en el patio. Aquí hay que cantar el Himno Nacional dijo Parodi. El patio se llenó con los miembros de la PIP y la Guardia de Asalto con sus ametralladoras. Cantaron. El comisario PIP se acerca al doctor Cornejo Chávez para pedirle que le siga.

• ¿A dónde vamos?
• A la Sala de Redacción, doctor, todo está en orden.

Cornejo y sus miembros del Comité de Administración fueron subidos en vilo por los investigadores que se apretujaban en las escaleras. Alrededor de dos docenas de policías cuidaban las puertas de la Dirección. La policía se dispersó por todos los compartimientos del edificio, hasta los techos. En la Sala de Redacción se cantó otra vez, el Himno Nacional, con menos nerviosismo. Habló Cornejo Chávez. Ofreció cambiar “el alma” del diario. Ocupó la oficina de Alejandro Miró Quesada Cisneros. Con Lavy envía a trabajar el editorial.

• ¿Sacaron a la gente de la Dirección?
• No doctor. Estoy esperando instrucciones del señor ministro, contestó el hombre de la PIP.

Eran las 3.40 de la mañana del 27 de julio de 1974. La ocupación de El Comercio por la Policía, su entrega al partido Demócrata Cristiano, el desalojo de sus legítimos propietarios se había consumado.

15 millones de peruanos dormían, ignorantes de lo ocurrido.

FINAL

Con el amanecer del 27 de julio de 1974, los peruanos comenzaron a darse con una noticia chocante y, no por esperada, menos sorpresiva. Los grandes diarios habían sido capturados por el Gobierno Militar. Ávidos buscaron quioscos y canillitas para conocer los detalles.

Las primeras planas eran impactantes. Parecía que efectivamente el mundo había cambiado en pocas horas.

Después de casi seis años de constantes batallas, la guerra con los medios de comunicación parecía que la había ganado el Gobierno.

Lo cierto es que, la expropiación de los diarios de circulación nacional marcó el punto de inflexión que acabaría con el Gobierno que comandó con mano férrea el General Juan Velasco Alvarado, quien sería separado de la Presidencia de la República solamente 13 meses después de esta medida.

Los diarios serían devueltos a sus legítimos propietarios el 28 de julio de 1980 por el presidente constitucional de la república Arquitecto Fernando Belaunde Terry.

Nota del autor: Para la redacción del artículo, he recurrido a información contenida en los siguientes libros:

• Cronología Política de DESCO
• El Miserable de Alfonso Baella Tuesta
• El Poder Invisible de Alfonso Baella Tuesta
• No, Mi General de Guillermo Thorndike
• El septenato de Enrique Chirinos Soto y Guido Chirinos Lizares
• Camino al Socialismo de Augusto Zimmermann Zavala
• Actas del Consejo de Ministros de 1974